Ximo Puig

El viernes 25 de abril celebramos el segundo aniversario de la Reforma del Estatuto con un balance alejado de los propósitos que los grupos parlamentarios nos hicimos en las primeras reuniones de la Ponencia y de la Comisión de Estudio para la reforma.

Los socialistas valencianos creímos en el proceso de actualización estatutaria porque creemos en la Comunidad y queríamos hace dos años y queremos ahora, una Comunidad moderna próspera, socialmente adelantada impulsada por un autogobierno potente y decisivo.

En aquellos momentos, el PSPV-PSOE puso por encima de todo el interés de los valencianos y valencianas, asumimos numerosas críticas y renunciamos a cualquier ventaja particular, porque para nosotros, lo que estaba en juego era la posibilidad de ampliar el autogobierno, democratizar las instituciones y fortalecernos territorialmente como Autonomía.

En los trabajos de la Ponencia el Grupo parlamentario Socialista introdujo, entre otras cosas, la agenda social y todo un conjunto de aportaciones para mejorar la vida de los valencianos y valencianas porque nuestro proyecto para esta Autonomía va más allá de la coyuntura cotidiana del partidismo.

Dos años después podemos decir que la aplicación de nuestra principal norma como pueblo valenciano está prácticamente paralizada y su aplicación es absolutamente decepcionante tanto, por el nulo impulso que desde el Consell se hace; como, por el decepcionante desarrollo legislativo que desde las Cortes Valencianas impone el Grupo parlamentario Popular. La aplicación y desarrollo de nuestro Estatuto apenas llega al 1% de sus posibilidades, una circunstancia que no es sino producto de la apatía con que el presidente del Consell dirige su gobierno.

Cuando estas Cortes finalizaron la tramitación legislativa del Estatuto, Camps frenó un desarrollo normativo que contempla más de 20 leyes, algunas se han tramitado, las más inocuas. Sin el concurso del resto de grupos parlamentarios y con la aplicación del rodillo, tenemos, por ejemplo la reforma del Reglamento de las Cortes, el único Reglamento parlamentario de toda España aprobado sin unanimidad y sólo con los votos del grupo que sustenta al gobierno. Inaudito. O la modificación de la Ley del Consell aprobada por lectura única y cuyo único objetivo era que Camps acumulase más poder en la administración autonómica sin que la oposición pudiese enmendar con sus aportaciones la regulación de está alta institución de la Generalitat. Iniciativas de mi grupo como la Ley de Renta Básica de Ciudadanía o el Consell Valencià del Audiovisual no corrieron mejor suerte.

En esta legislatura nada ha cambiado y recientemente han despreciado nuestra ley de Creación del Fondo de Cooperación Municipal, un mandato estatuario para garantizar a los Ayuntamientos seguridad financiera, ni siquiera ha merecido la toma en consideración para iniciar el trámite de esta ley que es vital para el buen funcionamiento de los entes locales y evitar el reparto clientelar y partidista que hace el PP. Gracias al PP continuaremos siendo la única Autonomía de todo el país que no tiene este Fondo.

Ciertamente, a estas alturas tenemos un subdesarrollo estatutario que no hace sino debilitarnos en el conjunto del poder autonómico territorial, mientras, Camps prefiere envolverse con la bandera del valencianismo más retrógrado y caciquil, que hunde sus raíces en el regionalismo del siglo XIX, para instalarse en el peor discurso incendiario del victimismo partidario e irresponsable.

A estas alturas, Camps no quiere saber nada de crear la Agencia Tributaria, ni el Consejo de Justicia, ni desarrollar el Título octavo en materia de Administración Local, ni con aplicar lo previsto en materia institucional sobre nuestras relaciones con la Unión Europea, ni con las otras Comunidades Autonómicas; ni qué decir tiene de asumir más competencias como las que figuran en el Título cuarto y que nos sitúan al más alto nivel competencial, en esta materia sólo conocemos la renovación que el Consell hizo hace unas semanas de los representantes en la Comisión Mixta de Transferencias, pero desconocemos si activarán la comisión, si tienen calendario para fijar la asunción de competencias y cuales piensan asumir.

Dos años después constatamos con tristeza que aquello que para nosotros era ambición de país, para el señor Camps y para el PP era sólo una oportunidad de notoriedad y de posicionamiento táctico en un debate, el de conseguir más poder autonómico, que al PP jamás le ha interesado.

Sin embargo y a pesar de todo, dos años después los socialistas continuamos comprometidos con el Estatut, porque ser autonomistas está en nuestra vocación política y no vamos a permitir que nadie disuelva las oportunidades que para los valencianos significa la total aplicación de la norma que nos ha consagrado Nacionalidad Histórica. Los socialistas queremos hacer política con el Estatut porque estamos obligados y comprometidos con su máximo rendimiento social e institucional.

Dos años después el Estatuto al 1% de sus posibilidades

Dicen los comentaristas deportivos que el mejor árbitro es aquel que pasa desapercibido. En el fondo, todos quienes administran la justicia deberían permanecer en el ámbito de una eficacia que serena y discretamente atendiera el control cotidiano de las reglas de convivencia.

La crónica de los hechos, sin embargo, nos aleja demasiadas veces de ese guión. El caso Mari Luz, la niña asesinada por un pederasta ha vuelto a poner los focos en el funcionamiento del servicio público de la justicia. Cuando se producen situaciones dramáticas aparecen voces pidiendo el endurecimiento de las leyes y todos los actores de dentro y fuera del procedimiento miran hacia el otro lado buscando culpabilidades ajenas en un ejercicio de confusión que al final parece destinado al suburbio de lo incontestable.

El delito cometido nos produce indignación, rabia y una escala de sentimientos que no permiten objetividad alguna en un proceso donde cualquier presunto culpable cuenta con la salvaguarda de la presunción de inocencia. En este caso, parece que el problema está más en la gestión que en el marco del Código Penal.

Por la memoria de la víctima y por esa familia definitivamente herida, lo primero es llegar hasta el final en la investigación de los errores cometidos y si, finalmente, se confirma la indolencia del juez, el Consejo General del Poder Judicial debe tomar las decisiones pertinentes en función de la gravedad de la pasiva inacción.

Esa actuación disciplinaria la debe tomar una alta institución del estado que hace varios años debería haber sido renovada y que el PP ha conseguido boicotear a beneficio de inventario. El poder de los jueces –con la legitimidad cuestionada- llevó a cabo una investigación que al parecer no detectó ningún resquicio de problema por lo que la encuesta de fallos en cadena también deberá llegar a la cúpula de la justicia.

Una situación que se repite cansinamente en el Tribunal Constitucional, sometido al bloqueo por parte de los conservadores que urdieron distintas maniobras para conseguir sentencias más acordes con su dirección política que en la lectura de la Constitución.

Hoy se constituyen el Congreso de los Diputados y el Senado surgidos de la convocatoria electoral. En los primeros pasos de la legislatura, la puesta al día de la justicia es una auténtica urgencia.

No me refiero simplemente al cumplimiento constitucional en la renovación de los pilares institucionales que sostienen el estado de derecho. Esto es una obviedad que los grupos parlamentarios deben sustanciar más pronto que tarde para no dejar en evidencia al sistema. Pero además es tiempo ya de dotar al servicio público de la justicia de una calidad y eficacia que no permita fallos trágicos de los que arrepentirse.

Sentencias que no llegan nunca, procesos que se dilatan hasta el infinito, cambios incesantes de jueces y fiscales adornan un recorrido tantos días angustiosos para los justiciables.
La agenda de la legislatura viene cargada de economía pero también la administración de la justicia merece un sentido esfuerzo para fortalecer la convivencia.

Y -ya saben- la convivencia es siempre la prioridad porque como el arbitraje cuando menos se notan sus conflictos, mejor para todos.

Sin justicia, no hay convivencia.

Buena semana.

Diario Levante, 30 de marzo de 2008.


Los progresistas valencianos no nos merecemos la resignación. Ni tampoco los discursos catastrofistas que ahondan en una especie de vena autodestructiva tantas veces cultivada entre nosotros.

La amalgama conservadora que convive hoy en el PP ha conseguido contagiar a una parte muy importante de la sociedad valenciana del ideario victimista tan sólidamente asentado en las raíces de un populismo que se ha prodigado con éxito en los más diversos territorios.

No creo en las credenciales del perdedor que busca siempre culpabilidades ajenas pero es bastante difícil de discutir la potencia del magma mediático y el clientelismo que la derecha valenciana -con escasos antecedentes democráticos- ha conseguido armar.

No se trata de buscar excusas. Se trata de buscar soluciones, propuestas que sumen políticamente a esa mayoría de valencianos y valencianas que piensan en progresista.

Con la realidad en la mano -más allá del paisaje dibujado por la propaganda masiva- la acción del gobierno de Camps es ciertamente desoladora. Los datos del último año nos sitúan por encima de la media en el aumento del paro y muy por debajo del crecimiento económico mientras nuestras constantes sociales continúan bajo mínimos. Sin demagogia, léase en camas hospitalarias por habitante, plazas de residencias geriátricas, ayudas a las familias o cualquier indicador de bienestar no se compadece con la arcadia feliz que cada día desde la Generalitat ofrenda glorias de liderazgo virtual.

Sin embargo, el PP ha ganado las elecciones generales tras nueve meses de legislatura autonómica en la que todas las energías disponibles han estado volcadas en la barricada contra el gobierno de España y mirando con desdén las obligaciones propias de un consell del que hoy dependen las políticas más cercanas y más vitales de la Comunitat.

Los interrogantes son muchos y las respuestas rigurosas no tantas. Más allá de explicaciones simples para cuestiones complejas que sitúan en las zonas organizativas o partidarias el eje de la crítica, debemos sumergirnos de lleno en el cambio que se ha producido en la Comunitat y en las diversas identidades que subsisten en un territorio sociológico en el que la pasión ha vuelto a superar a la razón.

El PSPV-PSOE no es una broma. Ni el pim-pam-pum donde encontrar solaz quienes hostigan este proyecto porque tienen otro o, simplemente, denostan la realidad y tienden a deconstruirla. El partido socialista es un gran partido formado por militantes, simpatizantes y votantes que se han movilizado y han trabajado con intensidad y coraje por conseguir los mejores resultados. Hubiéramos querido aportar más, pero nuestros 14 diputados, nuestros 1.113.973 votos también han sido decisivos para la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por supuesto, no todo se ha hecho bien y, obviamente, hay que leer con inteligencia -sin prejuicios- las entrañas de esta nueva sociedad para generar nuevas soluciones que garanticen una innovadora edición de los sólidos argumentos de una socialdemocracia comprometida con su país.

No se trata, a mi parecer, de producir episodios de davidismo para empezar cada día de cero, ni lamerse las heridas en una constante dialéctica interna que nos aleje más de las preocupaciones y ambiciones diarias de los ciudadanos.

La modernización del proyecto valenciano de progreso que ofrezca seguridad, bienestar y convivencia, la actualización de una organización potente que ofrece el cauce de participación a la gente de progreso y que sume más y más adhesiones desde la pluralidad, la innovación constante en la implementación de políticas públicas y el inequívoco compromiso valencianista son algunas señales que, en mi opinión, han de orientar el futuro más próximo.

Convoquemos un debate para la esperanza. Es posible edificar argumento sobre argumento una propuesta de Comunitat moderna, innovadora, socialmente avanzada que incorpore a los valores progresistas absolutamente vigentes, la creatividad, la capacidad emprendedora, la iniciativa individual del quehacer cotidiano de los valencianos y de las valencianas. Un debate amplio que supere las fronteras partidarias y siempre desde la autonomía, desde la fortaleza de la capacidad crítica al servicio del interés general.

No sobra ninguna ayuda pero la autonomía del proyecto, la capacidad de decisión de los socialistas valencianos no es un apéndice instrumental. Forma parte del disco duro de la propuesta.

Los valencianos merecemos una Comunitat mejor. Y podemos.