Ximo Puig

Los análisis postelectorales forman parte de la estrategia de gestión partidaria del presente. Sólo así cabe interpretar las conclusiones de Rajoy que, perdido el partido, echa la culpa al árbitro, el entorno y hasta el público.

Puestos a objetivar lo que se pueda, la realidad de los datos habla de una victoria incontestable del sí –casi un 75 por ciento-, una derrota de los partidarios del no -incapaces de animar incluso a la propia clientela - y una participación manifiestamente mejorable.

Dicen que el referéndum los carga el diablo. Lo que es cierto es que llevan la incertidumbre bajo el brazo aunque en este caso la propia dislexia del no haya servido para dar mayor estabilidad a la respuesta ciudadana.

Las señales de alarma en relación con la participación política van mucho más allá de esta consulta estatutaria en Catalunya y harán bien los partidos en analizar con serenidad bajo aritméticas no electorales las debilidades del funcionamiento de la democracia. Sin duda, no puede celebrarse que la mitad de los ciudadanos hayan preferido militar en el hartazgo o simplemente irse a la playa. Ahora bien, menos de treinta por ciento de participación en la consulta gallega no le provocó a Rajoy grandes condenas a perpetuidad a los dirigentes del momento y, a pesar de ese déficit inicial la autonomía gallega ha resultado un éxito para el desarrollo de esa nacionalidad.

Si aplicamos los números de Rajoy –dos de tres catalanes no han apoyado el Estatut- sólo 4 de cada 100 catalanes han seguido las directrices del PP. Si los partidarios del si han conseguido cinco puntos porcentuales más que lo recibido por la suma de los partidos en las últimas elecciones autonómicas, el frente del no ha perdido 8 puntos.

La calculadora de Rajoy le da que el PP ha ganado. No sé cómo pero quien se halla en las antípodas de lo que piensa la mayoría de catalanes, se ha declarado unilateralmente vencedor y pide una segunda vuelta de rectificación cuando el pueblo ya ha hablado.

La ayuda de Camps que, por fin, se atrevió a cruzar el Ebro, no fue suficiente.

El maldito Carod aceptó la derrota e inició un cierto viaje a la autocrítica. A ver si ahora resulta que el icono demoníaco de los populares resulta más sensato que sus encendidos detractores.

Por lo demás, bien. El país amaneció el lunes tan roto como siempre después de un fin de semana, esta vez con la esperanza del inicio veraniego en el que seguro pasará a la historia la moda del estatut. Pero no se alegren, los vendedores de hecatombes patrias garantizan un estío caliente donde cantarán ese abrazo tan patrimonial de la nación que de tanto exhibir su querencia casi ahogan.

El hedor de la corrupción ha invadido los titulares de los medios de comunicación estos últimos días y el efecto Marbella desgraciadamente no nos suena a desconocido.

De los pecados capitales de la política, el peor, sin duda, es la corrupción. Aprovechar una posición de poder para enriquecerse no es sólo un delito grave contra la sociedad, es una indignidad que hiere la confianza de los ciudadanos en la democracia.

La política debe defenderse, debe poner la suficiente distancia y debe establecer garantías para evitar el daño colateral más grave que acontece cuando se generaliza y la sospecha se universaliza urbi et orbe.

El estado de derecho funciona cuando los controles actúan adecuadamente y la justicia impone el respeto a las reglas del juego con el velo sobre los ojos, sin miradas especiales.

Pero para la represión de la corrupción en la política no sólo existe el espacio judicial.

Los políticos en quienes los ciudadanos han depositado su confianza para gestionar los recursos comunes y para representarles en las instituciones tienen más responsabilidades que depurar.

Mimetizar responsabilidades judiciales y políticas es una coartada defensiva en las más de las ocasiones pero no obedece en ningún caso al buen gobierno exigido en cualquier democracia de nuestro entorno.

Porque –por ejemplo- no pagar a Hacienda podrá ser un delito si la cifra supera los 25 millones de antes sin declarar pero es un hecho grave que implica el cese inmediato del cargo público. Eso, sí, en cualquier país…no por aquí.

Porque –por ejemplo- mediar para conseguir beneficios de una empresa de la que se es dueño, podrá ser en un proceso judicial delito de tráfico de influencias, pero en términos políticos, es de manual la exigencia de responsabilidades políticas.

Porque –por ejemplo- si un político no es capaz de explicar coherentemente de donde han salido 50 millones escondidos en casa en un registro, o el cobro de 100 millones en un año cuando se está full-time dedicado a los asuntos públicos, podrá tener su respuesta judicial, pero descubierto el pastel, el político de turno no merece representar a nadie.

Judicialmente el ciudadano-político tiene garantizada por la Constitución la presunción de inocencia pero sus deberes con la sociedad le exigen un comportamiento ético y la transparencia es una obligación inexcusable.

No hay ninguna acción terapeútica más eficaz que la asunción de responsabilidades políticas cuando se produce la evidencia de una desviación en el uso del poder.

El político que cobardemente se refugia en recursos como la prescripción, le instiga un nuevo daño a la política porque se sirve de ella para defenderse como ciudadano infractor.

Si la indignidad del político no lo hace posible, su partido debe hacerlo porque ningún partido democrático puede contemplarse desde la sospecha.

Avui, dilluns de Magdalena, comentar l’actualitat política és un exercici tan excèntric com aquell lladre que enmig d’un robatori a un banc es preocupava per portar-li aigüa del Carmen a una client embarassada.

Allò que no pot ser, no potser i ademés és imposible.

Més a més la llunyania en estos moments sempre comporta nostalgia. Almenys a mi ara, avui un dilluns de Magdalena, enmig de la fredor humida de Brusel·les on el gris invadeix l’espai i l’ánima.

Esta ciutat, Brusel·les, és la cara de la Europa política. I no sé si ha estat ella mateix irradiant els seus grisos o la burocràcia que imposa carácter, la culpable d’eixa llunyania que els europeus tenim cap a Europa.

Castelló ha estat sempre Europa. I ara mòn perquè eixir a vendre ha estat un símptoma de vitalitat que ha fet creíxer i creíxer una terra moderna i arrelada, perquè el Castelló liberal aunque alguns governants s’empenyen en tapar-lo, ha mirat endavant fixant els ulls en aquells valors que sominavem quan érem una trista excepció, perquè la globalització no és un gegant per enderrocar en quimèriques batalles sinò una oportunitat per aconseguir un mòn més just, més solidari, més obert.

Cada pas darrere en Europa sòn passes darrere per nosaltres. Resulta paradoxal que unes economies tan potents siguen ara tan impotents per generar seguretat i optimisme. És incomprensible que les incerteses ocupen tan d’espai a esta Europa sense liderat, agarrotada, plena de pors.

Tanmateix Europa és el nostre futur, el de Castelló, el del mòn.

Europa és la referència d’uns principis contradictoris de vegades, inacabats, altres, però sentiments que enalteixen la humanitat. La democràcia, el model social, la pau. Fites que de vegades ens semblen quotidanament avorrides i que a massa gent malauradament li han costat la vida.

Dic açó en l’aniversari d’un referéndum que ja ningú recorda on els espanyols vam dir que sí, que Europa valia la pena. Servisca d’homenatge als 20 anys de l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Europea. Un fet tant relevant que res entre nosaltres seria compresible sense l’impuls moderntizador de la integració.

Espero, des de la distància, que estos dies siguen de treva en eixa guerra de la desqualificació que cada dia posa més troç entre la política i la societat en eixa falsa dicotomía que només construeix frustració.

La política és l’instrument civilitzat per conviure, per millorar, per alcanzar noves fronteras. La política esta sotmesa a les mateixes regles de l’univers que l’envolta. Ni millor, ni pitjor però cal exigir als polítics que lliurement accedeixen a representar un país o una ciutat almenys un comportament étic. Estos dies tenim massa exemples poc exemplars però d’això en parlarem un altre dia.

Avui, dilluns de Magdalena, la festa omple els carrers de Castelló i la ciutat viva, reviu allò que la identifica.

El primer i darrer ADN, però, és allò que hi ha al cor de la bona gent que disfruta i conviu enaltint l’amistat.

Bones festes i benvinguda primavera europea.

Esta semana el Senado aprobará definitivamente la reforma del Estatuto valenciano producto del consenso entre el PP y el partido socialista. Resulta esperanzador en tiempo de profundos desencuentros un acuerdo para desarrollar y profundizar el autogobierno de los valencianos. Lo mejor del estatuto es la voluntad de convivencia sin exclusiones, la culminación de la equiparación como nacionalidad histórica y la apuesta social.

En su paso por el Congreso de los Diputados el PSPV consiguió sacar del texto la barrera de acceso a las Cortes que queda sujeta a la ley electoral que necesariamente deberá ser pactada en los próximos meses.

En términos democráticos, sin duda, sería deseable que las Cortes reflejaran toda la pluralidad que existe en este país y no se dejara sin representación a más de 100.000 valencianos. No se puede entender la cerrazón del partido popular en esta cuestión más allá de una apreciación sólo anclada en intereses partidistas y también en la concepción actual de la dirección nacional de los conservadores que confían sólo y exclusivamente en mayorías absolutas para gobernar.

La pluralidad es un valor inalienable de la vida democrática. No es ni un mal necesario ni un freno a la eficacia. Sociedades complejas exigen respuestas que atiendan la complejidad y los parlamentos representativos aumentan su calidad siendo un espejo más fiel de la realidad.

El partido socialista ha planteado en todo momento del proceso negociador esta cuestión pero la mayoría absoluta del PP en esta Comunitat lo ha impedido. Sería muy deseable una rectificación del PP en la ley electoral pero no caben demasiados datos que avalen este cambio racional y positivo para la ciudadanía.

En cualquier caso, este déficit no puede significar una descalificación global del nuevo estatuto que aporta más autogobierno para los valencianos y más capacidad para mejorar esta sociedad.

Sin embargo, el desarrollo del estatuto dependerá de quien gobierne y, por tanto, de quien marque las prioridades. Ésa es la regla de cualquier norma constitucional que ha de garantizar la alternancia y debe permitir distintas visiones en un mismo espacio institucional.

En mi opinión sólo un gobierno progresista de la Generalitat exprimirá todas las capacidades de autogobierno y sobre todo pondrá en marcha la ambiciosa agenda social del estatuto.

La oposición aquí ha demostrado que es capaz de poner por delante los intereses generales de los valencianos en detrimento de una posición exclusivamente partidaria. Precisamente una actitud diametralmente opuesta a la que mantiene la oposición en el parlamento español regocijada en la trinchera de la descalificación y reacia a cualquier acuerdo beneficioso para España.

La máxima expresión de ese guión, la interpreta el diputado por Valencia Martínez Pujalte, un señor que expone su amplio recetario de insultos cada sesión plenaria y que esta semana superándose a sí mismo interrumpió al presidente de gobierno mandándole a acompañar a su abuelo.

El abuelo del presidente fue un militar de la República española asesinado en aquellos terribles y desgraciados días.

Produce vergüenza y tristeza esa representación popular de Valencia.

El valor de la convivencia, a pesar del diputado Martínez Pujalte, debe presidir nuestra hoja de ruta y las cesiones en su nombre son síntoma de fortaleza. La debilidad es el insulto.

Hay semanas que uno se levanta entre dudas y certezas, sumido en la pulsión siempre viva entre la esperanza y la desesperanza, añorando un debate más sosegado, menos demagógico, más inteligente.

Me sume en la perplejidad que un país situado en estos momentos en unos niveles de crecimiento envidiables, con las mejores cifras de empleo de décadas, se detenga en un exceso de radicalidad tan lejana a la vida cotidiana de esta sociedad moderna, democrática y tranquila.

Más allá de los errores o aciertos del gobierno, la oposición que está desarrollando el PP desde el inicio de la legislatura ha generalizado un escenario de lucha sin cuartel. No hay el más mínimo espacio de oxígeno para el consenso en ningún estadio ni siquiera en aquellas cuestiones de estado que merecerían más de una pensada antes de lanzarse a la lucha final. Si la supuesta ruptura de la familia llevó a los obispos a la calles del brazo de la derecha política, la cuestión territorial entorno al estatuto catalán y el desencuentro antiterrorista han elevado la temperatura de la crispación mucho más allá de lo razonable.

El azuzamiento de las bajas pasiones anticatalanistas encuentra, sin duda, grandes adhesiones en regiones determinadas y también respuestas en sectores nacionalistas catalanes. Las políticas del segundo mandato de Aznar y la estrategia del partido de Rajoy hoy, están llevando en andas al independentismo catalán. Nadie nunca les dio tanta notoriedad, nadie les propinó más argumentos. Algún día, más pronto que tarde, algún nuevo dirigente de los conservadores dará cuenta del grave error que significa despertar los viejos demonios y satanizar urbi et orbe a los discrepantes del pensamiento único.

Pero la gota que ha colmado el vaso, han sido las insidias sobre la actitud del presidente del gobierno en la superación del fenómeno terrorista.

Estos días pasados recordaba la vigencia del discurso opositor de Aznar en los años 90 cuando le espetó sin desdibujar su eterno gris rictus, al entonces ministro Corcuera que no había ningún tema de excepción en la labor opositora. “Cuando digo que todo es objeto de oposición, digo todo”. Suenan tan actuales las palabras de Aznar que nadie diría que se ha marchado ni, incluso, que fue presidente del gobierno durante ocho años.

Hay semanas que uno se levanta entre dudas y certezas, sumido en la pulsión siempre viva entre la esperanza y la desesperanza, añorando un debate más sosegado, menos demagógico, más inteligente.

Me sume en la perplejidad que un país situado en estos momentos en unos niveles de crecimiento envidiables, con las mejores cifras de empleo de décadas, se detenga en un exceso de radicalidad tan lejana a la vida cotidiana de esta sociedad moderna, democrática y tranquila.

Más allá de los errores o aciertos del gobierno, la oposición que está desarrollando el PP desde el inicio de la legislatura ha generalizado un escenario de lucha sin cuartel. No hay el más mínimo espacio de oxígeno para el consenso en ningún estadio ni siquiera en aquellas cuestiones de estado que merecerían más de una pensada antes de lanzarse a la lucha final. Si la supuesta ruptura de la familia llevó a los obispos a la calles del brazo de la derecha política, la cuestión territorial entorno al estatuto catalán y el desencuentro antiterrorista han elevado la temperatura de la crispación mucho más allá de lo razonable.

El azuzamiento de las bajas pasiones anticatalanistas encuentra, sin duda, grandes adhesiones en regiones determinadas y también respuestas en sectores nacionalistas catalanes. Las políticas del segundo mandato de Aznar y la estrategia del partido de Rajoy hoy, están llevando en andas al independentismo catalán. Nadie nunca les dio tanta notoriedad, nadie les propinó más argumentos. Algún día, más pronto que tarde, algún nuevo dirigente de los conservadores dará cuenta del grave error que significa despertar los viejos demonios y satanizar urbi et orbe a los discrepantes del pensamiento único.

Pero la gota que ha colmado el vaso, han sido las insidias sobre la actitud del presidente del gobierno en la superación del fenómeno terrorista.

Estos días pasados recordaba la vigencia del discurso opositor de Aznar en los años 90 cuando le espetó sin desdibujar su eterno gris rictus, al entonces ministro Corcuera que no había ningún tema de excepción en la labor opositora. “Cuando digo que todo es objeto de oposición, digo todo”. Suenan tan actuales las palabras de Aznar que nadie diría que se ha marchado ni, incluso, que fue presidente del gobierno durante ocho años.

Rajoy ha sido más Aznar que nunca y eso, en mi modesta opinión, es una mala noticia para España.

Quinze anys desprès moltes de les incerteses i, fins i tot les previsions més optimistes han estat superades per la realitat d’un projecte universitari potent a Castelló. La Universitat Jaume I durant aquest temps ha passat de ser una il·lusió colectiva a esdevindre una institució consolidada on els seus problemas no sòn altres que els compartits amb el sistema universitari.

L’éxit de la Jaume I resisteix qualsevol anàlisi científic. Nombre d’estudiants, desenvolupament de les especialitats, qualitat dels estudis i infraestructures modernes al servei d’una societat que ha cregut en la seua universitat.

Quan alguns observem atònits l’anunci d’una nova universitat per part del govern valencià amb seu a Castelló, val la pena recordar l’esperit de consens que va envoltar el naiximent de la universitat de Castelló. Diàleg institucional i compromís social crearen un entorn del tot favorable a la inicitiva del Consell en aquell moment històric on moltes persones colze a colze van contribuir decisivament posant per damunt una visió general a miops visions partidàries.

La política es va reivindicar en la millor cara amb l’aprovació unànim a les Corts Valencianes de la llei de creació impulsada pel govern de Joan Lerma que desprès va trobar en el seu desenvolupament adequat per part dels universitaris, la legitimació definitiva.

Els distints rectors i els seus equips han tingut una especial cura d’acostar la institució a la ciutat i a les comarques castellonenques amb un procès de descentralització i presència que a ben segur continuará i s’intensificará en el futur. Eixe és un tret molt especial d’una universitat jove que ha madurat molt rapidament i que ha sabut interpretar el paper que li correspòn en una societat que necesitava prioritzar la formació i la recerca com l’aposta modernitzadora. Massa vegades hem constatat una excesiva ralentització d’allò públic entre nosaltres. Meninfotisme en un espai d’esforç i treball individual amb la desconfiança heredada del franquisme que respresentà un estat del que només calia esperar represió i mai no recolzament a la iniciativa social o, fins i tot, la privada, han estat arguments sovint presents.

La UJI ha estat el referent de la consolidació democràtica a Castelló. És cert que sòn moltes les infraestructures i transformacions des de 1979 cap, però, tan simbòlica i tan orientada al nou segle amb les seues ambicions i necessitats. Una etapa obrint portes i cercant nous horitzons que ara, instalats en la societat del coneiximent, veem com la frontera que hem d’alcançar. El capital humà ben format garantirá la competitivitat i la millora de la productivitat que, és, sense dubte, el repte de la nostra economia quan altres aventatges del passat han esdevingut ara factors de competència favorables altres indrets menys desenvolupats.

Tanmateix, consolidada la UJI, el futur no serà l’autocomplaença. Els reptes de les universitats sòn múltiples, la competencia extraordinària, l’adequació al nou paper del postgrau, la nova llei i el finançament, com sempre prova irrefutable de qualsevol teoria.

No será fácil. Confiem en la comunitat universitària i en la seua indestriable comunió amb la societat per aconseguir la segona consolidació de la UJI. Ara bé, la Generalitat que fou el motor de la creació de la UJI no pot situar-se com un fre o, encara pitjor, com un entrebanc. Torna a ser hora de resposabilitat i, si es vol de patrotisme, perquè la universitat de Castelló des de l’autonomia que li garanteix la Constitució puga desenvolupar-se i jugar el paper que li correspon en un mòn on la formació de les persones és l’unica garantia del benestar i del sistema de valors que hem decidit compartir.