Hace ahora tres años y medio, en un debate de política general, el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se comprometió públicamente a “llegar, en la reforma del Estatuto de Autonomía, hasta donde llegue el PSPV-PSOE, ni un centímetro menos”. Un farol más de quien no tuvo ninguna intención de llegar más allá de una reforma cosmética y que especuló con la posición socialista como supuesto aval de connivencia en el frenazo autonómico.
Han transcurrido tres años y medio. El cambio político en España, la derrota de la política centralista de Aznar y Rajoy, ha permitido albergar un escenario autonómico abierto, de discusión serena sobre la readecuación del estado de las autonomías tras la comprobación empírica del éxito del modelo para la convivencia y para el progreso de España.
Aquí durante meses hemos trabajado pensando que era posible una reforma profunda en el marco de una actualización y relectura del estatuto en términos de avance en el autogobierno y en los derechos de la ciudadanía. Y entonces llegó Rajoy. La noche del jueves el grupo parlamentario del PP vivió la previa y el calendario aprobado por la Junta de portavoces que anticipaba grandes desastres si no se aprobada la toma en consideración de la proposición de ley el 25 de abril, devino en azucarillo disuelto en el agua del silencio sin pena ni gloria.
Durante estos tres años y medio por parte del PSPV-PSOE y también de la dirección federal del PSOE no ha habido dudas. Nunca ha faltado la voluntad clara e inequívoca de hacer justicia y de incrementar los derechos de los valencianos, para que no seamos menos en términos políticos de autogobierno que los catalanes, que los andaluces, que los vascos o que los gallegos, en cuestiones tan claras como otorgar al Presidente la capacidad plena para disolver las Cortes de forma anticipada. De hecho, siendo José Luis Rodríguez Zapatero portavoz de la oposición en abril del 2002 ya asumió respaldar esta reforma. Ahora, al frente del Gobierno, su compromiso sigue firme.
No podemos decir lo mismo del PP, que vuelve a las andadas como cuando el propio Zaplana tuvo que echarse atrás en más de una ocasión ante la imposibilidad de obtener “el permiso de Rajoy” para incrementar los derechos de los valencianos. Desgraciadamente se repite la historia. Rajoy ha limitado las ambiciones de la reforma y la ha subordinado a la estrategia del PP, embarcado en una cruzada contra la España plural que defiende el gobierno de Zapatero.
Sin embargo, y pese a las vicisitudes, los socialistas agotaremos todas las vías para poder llevar a cabo esta reforma. Una reforma que permita impulsar en la Comunitat Valenciana una segunda modernización del mismo espíritu transformador con el que impulsamos el desarrollo de nuestra autonomía y del conjunto de la sociedad valenciana en los años ochenta. Los socialistas aspiramos a un Estatuto que garantice a los valencianos y valencianas más derechos, más libertad, más igualdad, más democracia, más autogobierno, más competencias, más eficacia, más proximidad, más valencianismo y más europeísmo. Por eso, consideramos que esta reforma debe perseguir cinco objetivos básicos.
En primer lugar, apostamos por regular nuevos derechos individuales, nuevos derechos sociales, colectivos y de participación. En segundo lugar, debemos incrementar el papel del Parlamento, y una forma clara de conseguirlo es reduciendo la barrera del 5% de los votos obtenidos para poder estar presente en las Cortes Valencianas.
Asimismo, la facultad plena del Presidente de la Generalitat para disolver las Cortes Valencianas y la ratificación de la reforma del estatuto a través de un referéndum, simboliza el reconocimiento pleno de nacionalidad histórica. Sólo así podremos acabar con la injusticia que supone que esta facultad sí exista en autonomías como Andalucía, Galicia, Catalunya y País Vasco. En cuanto al Poder Judicial, planteamos una adaptación de su estructura a la naturaleza de un Estado compuesto como es el Estado de las Autonomías, y así, dotar de la máxima potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y descentralizar los trabajos de organización y de gobierno del Poder Judicial. Un tercer aspecto básico sobre el que debe girar la reforma del Estatuto es sobre el incremento del nivel competencial con la aplicación del principio de subsidiaredad para mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos.
Entre nuestras demandas, siempre buscando una adecuada financiación para la Generalitat, figura también la asunción de la responsabilidad de la administración de los impuestos propios y cedidos, que con este fin serían confiados a una Agencia Tributaria Valenciana. La situación de nuestras finanzas públicas exige una respuesta estructural.
Un cuarto punto básico radica en reforzar la posición institucional de la Comunidad Valenciana en el conjunto del Estado así como acercar más la administración a los ciudadanos, potenciar el municipalismo dando cumplida efectividad al principio de subsidiariedad.
Por último, los socialistas consideramos necesario reafirmar nuestra identidad como pueblo diferenciado y en este sentido, debemos unificar y valencianizar la denominación de la Comunitat y de sus instituciones; También debemos reconocer el carácter de nacionalidad histórica y hacer mención expresa a los hechos diferenciales: lengua y derecho foral y añadir la exigencia del requisito lingüístico en el acceso a la función pública valenciana, de acuerdo con nuestra Constitución.
En definitiva, reformar el Estatuto es encajar adecuadamente la pieza valenciana en el Estado español y situar a la Comunitat Valenciana donde se merece por historia y por voluntad de sus ciudadanos.
Joaquim Puig, vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas y ponente de la Comisión para una Posible Reforma de Estatuto de Autonomía.
