Ximo Puig

Las hostilidades abiertas en el seno del PP hace largo tiempo han escenificado su crudeza en diferentes episodios con múltiples rebotes institucionales pero, sin duda, el más determinante –no sé si el más obsceno- ha sido la reciente crisis de gobierno que el presidente Camps ha ejecutado a finales del estío con la mirada en el otoño caliente que se le avecina.

Si alguien albergaba alguna duda de que nos hallábamos ante un Consell paralizado, arruinado y sin ideas, la decisión del president de cambiar -por decir algo- de tripulación al año de travesía pone bien a las claras la situación. Un año tan sólo de gobierno ha sido suficiente para explicitar que el modelo conservador en la Comunitat –sea quien sea el timonel- está agotado. Camps no ha sabido aprovechar el viento fresco de una nueva legislatura y ha aplicado una política de laissez faire, laissez passer como si no hacer nada resolviera alguno de los graves problemas que tiene nuestro país.

Ha hecho oídos sordos al estado preocupante de los sectores productivos valencianos, ha relegado en su agenda el impulso industrial o la salida del atasco que vive la política turística; ha pasado de la urgente reestructuración del sector agrario y ha ladeado sin asumir lo que hay, sin coger el toro del déficit por los cuernos, el debate de las esquilmadas cuentas públicas valencianas.

La agenda de Camps sólo ha tenido dos vectores. El principal: la mirada interna, la consecución del poder en su partido. El referencial: la oposición al nuevo gobierno central, la oposición a la oposición, la confrontación como bandera.

En el aquelarre donde se fraguó esta profunda crisis nadie miró por el pueblo valenciano. Ni por sus perentorias necesidades ni por las estrategias no tomadas que nos alejan de las nuevas realidades y que, desgraciadamente, sólo el paso inexorable del tiempo pondrá dramáticamente en evidencia.

Ésta es una crisis sin complejos. La gobernación deviene medio para conseguir los fines del poder personal o de grupo. No hay espacio para la lírica patriótica ni para los juegos florales con que se inició la legislatura.

En sólo un año esta legislatura que nació vieja, languidece como quien ya no espera nada. En la escena, el fuego de artificio distrae a la afición mientras tras el telón los repartos crudamente expuestos sobre la mesa de los apoyos no dan lugar a engaños. La supuesta ingenuidad del crupier quedó en el breve imaginario de unas semanas dónde parecía que el postzaplanismo era otra cosa con pies distintos, con argumentos éticos si no más por hacer honor a los apellidos ideológicos. Pronto llegaron los abrazos con Fabra o Díaz Alperi, por no hablar de la nueva conversión de Saulo/Blasco, para desmentir a los propaladores de la buena nueva.

Nada nuevo bajo el sol de una Comunidad que necesita como el agua – o más- un gobierno orientado en la defensa del interés general, consciente de la encrucijada económica y alejado de la autocomplacencia y el ombliguismo narcotizante sólo útil para los devaneos de poder.

Desde luego Camps ha conseguido hacer el gobierno más amplio de la historia. ¿Cuántos cargos más serán necesarios para conseguir su objetivo de hegemonía interna? ¿Cuántos consellers sin cartera? ¿Cuántos directores generales a título de compensación?¿Cuántos secretarios autonómicos para equilibrar las presencias no adictas? Por lo demás no sé qué dirán ahora aquellos representantes del PP que replicaron con una importante salva de descalificaciones la propuesta del candidato socialista ante las pasadas elecciones cuando propuso una conselleria de universidades y desarrollo tecnológico que aproximara más el tejido productivo y la universidad. Mucho me temo que toda la suerte no será suficiente para el ex rector Justo Nieto si nos atenemos a las posibilidades ofertadas en el marco presupuestario para aproximarnos desde la lejanía a los estándares de la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

En fin: fuera las caretas.

Castelló, 22 años después, vuelve a ser el escenario del congreso de los socialistas valencianos en un momento de nuevo decisivo para el país. Entonces, como ahora, se iniciaba un tiempo de cambio que iba a consolidar la democracia, desarrollar el estado de las autonomías, modernizar las infraestructuras, impulsar el estado del bienestar e incorporarnos definitivamente a Europa.

En Benicàssim, la cuestión era diseñar las bases programáticas del primer gobierno de la Generalitat y, más allá, fijar una estrategia para la cohesión entre los valencianos y para la institucionalización autonómica.

En la Jaume I -fruto también de aquella primera agenda del autogobierno- la convocatoria ha de suponer más que una vitamina en el cuerpo a veces apático -siempre afortunadamente crítico- de los electores progresistas. Nuestra llamada no entiende de barreras sectarias ni de trincheras estrictamente partidarias. Todas las voces son necesarias para el cambio, todas han de ser escuchadas, todas han de forjar un nuevo proyecto de progreso para la sociedad valenciana.

Probablemente ayer y hoy el valor más relevante para la sociedad que ha aportado y aporta el partido socialista es su sentido de la responsabilidad, su voluntad de trascender el interés partidario, la idea de un país donde nadie se sienta excluido.

La voluntad de cambio expresada en el conjunto de España en las elecciones generales es, sin duda, una referencia clave para el objetivo 2007 pero la historia a escribir dependerá de todos los actores ajenos a cualquier determinismo. La transformación nunca se produce por inercia.

Cualquier observador con una cierta dosis de objetividad, puede certificar los síntomas y las evidencias de un fin de ciclo representado por un presidente del Consell enzarzado en la batalla interna, enajenado de su rol institucional, al frente de un gobierno paralizado, arruinado y sin ideas. Por eso, la urgencia a plazo fijo de presentar bien una alternativa sólida, solvente, de una potencia capaz de desplegar la segunda modernización de la Comunidad Valenciana que garantice a través de un desarrollo sostenible, el empleo, la ampliación de los servicios públicos de igualdad y de los derechos cívicos y sociales.

El futuro de este país no puede instalarse en el lloro incapaz ni en la autocomplacencia que aunque parezca mentira, conviven en la mentalidad difusa de la derecha gobernante. Es el momento de poner en hora el reloj de la reivindicación sensata y ajustada al papel que esta comunidad merece y puede ofrecer al conjunto. Invertir en infraestructuras, en formación, en innovación es una apuesta de amplio recorrido más lejos de las fronteras autonómicas ideologizadas que ahora parece estar blindando el señor Camps, tan preocupado por algunas esencias y tan distante de las necesidades del pueblo valenciano.

La agenda del partido socialista ha de ser la agenda del pueblo valenciano. Las reflexiones de estos días en Castelló no deben tener otra orientación que la búsqueda de una brújula que permita a la sociedad valenciana configurar sus esperanzas en un cambio compartido y comprometido.

Ningún escenario mejor que Castelló y la UJI para conseguirlo.

Tot està a punt perquè els socialistes valencians celebrem els dies 23, 24 i 25 de juliol a la Universitat Jaume I de Castelló el nostre X Congrés Nacional que tindrà com a principal repte, convertir el PSPV-PSOE en la primera força política del País Valencià i guanyar les eleccions del 2007.

Estem davant el màxim encontre que celebrem cada quatre anys, en el que hi participaran 478 delegats elegits democràticament procedents de 26 comarques.

El Congrés començarà a les 12 hores de divendres amb la lectura de la relació de delegacions acreditades i les tradicionals salutacions fraternals. Després de dinar el Secretari General del PSPV-PSOE presentarà el seu informe polític, s'obrirà el debat i es celebrarà després la corresponent votació sobre la gestió.

Acabat aquest punt, els delegats s'incorporaran a les comissions per tal de participar activament en la discussió de les més de 470 esmenes presentades per diverses agrupacions a la ponència marc que ha coordinat el Secretari de Relacions Institucionals, Joaquim Puig.

El moment més important del Congrés serà l'elecció del Secretari General, qui proposarà la seua executiva, conformant-se la direcció política que tindrà com a missió fer front a les convocatòries electorals de 2007 i 2008.

El Congrés ha de permetre ficar l'organització en condicions de guanyar la Generalitat. Per això serà necessari, en primer lloc, consolidar la trajectòria d'estabilitat interna que començà a recuperar-se en el Congrés d'Alacant, celebrat a l'any 2000, en el que es va elegir Joan Ignasi Pla com a Secretari General.

Cal enviar un missatge clar als ciutadans en el sentit de què ells són la nostra primera preocupació i de què els temps en els que centràvem les nostres energies en els afers interns han passat definitivament.

Caldrà també d'oferir un projecte polític il·lusionant, seriós, sòlid i amb capacitat per convertir-se en majoritari entre els valencians i les valencianes. Una alternativa amb una clara voluntat de govern, que deu donar una resposta progressista als reptes que té el nostre poble en el context espanyol i europeu i en un món en el que la globalització està generant noves oportunitats però també moltes incerteses, especialment als treballadors de les nostres indústries tradicionals.

Serà també necessari oferir als ciutadans un equip humà amb credibilitat i responsabilitat que puga merèixer la confiança dels valencians i les valencianes per tal de governar el país.

Aquestes són les claus necessàries per a continuar la trajectòria ascendent dels últims anys. Aquestes són les transcendentals decisions que tindran en les seues mans els delegats i les delegades al X Congrés del PSPV-PSOE.

Ara, tenim la responsabilitat i l'oportunitat de donar un gran pas endavant. Hem de finalitzar el Congrés presentant als ciutadans i a les ciutadanes una gran força política unida, amb un projecte progressista de futur per al nostre poble i amb una clara voluntat de govern. L'objectiu és tornar la Generalitat als ciutadans.

De entre las controversias más indignantes y falaces que anidan en el país durante los últimos años está, sin duda, la polémica de la devolución de los mal llamados “papeles de Salamanca”. Un cuarto de siglo de constitución democrática debería haber sido un espacio temporal y político suficiente como para abordar la cuestión en los parámetros de civilidad exigible a unas instituciones que vienen obligadas a cerrar definitivamente unas heridas profundas que sangraron la vida de millones de ciudadanos.

Hace unas semanas, cuando las Cortes Valencianas acordaron por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la devolución de los documentos almacenados en el archivo de Salamanca a sus legítimos propietarios, se mandaba una señal luminosa de esperanza para una sociedad sin rencor. Se manifestaba la voluntad de poner punto final a una historia de vencedores y vencidos. Se escribía una página para el restablecimiento de la dignidad.

El oasis devino espejismo pasados unos días y, primero Camps en Madrid y luego, su portavoz en Castilla-León, anunciaban que el gobierno valenciano desobedecería el mandato del parlamento y, por tanto, no sólo no pediría los legítimos documentos valencianos existentes en el citado archivo, sino que se alineaba en la posición más demagógica, más intransigente, reivindicadora de la doctrina del justo-derecho-de-conquista.

Éste no es un problema archivístico. Estamos hablando de las consecuencias de una posguerra en la que se incautaron en muchos casos, bienes, patrimonio y lo que es peor, la memoria de los vencidos.

En las cajas del almacén han permanecido durante años y años documentos de ayuntamientos, cartas de amor, escrituras de proyectos de vida truncados, los archivos de partidos y sindicatos. No se puede hablar de unidad de archivo cuando el concepto y el sujeto emergen desde un origen de expolio y dolor. ¿De qué unidad de archivo se presume?

Éste –no se equivoquen- es un problema hondamente político. Se trata de saber si tras 25 años de democracia en este país se puede hacer justicia y reconocer a las personas que legítimamente defendían el orden constitucional del 31; a los partidos y sindicatos democráticos que defendían la legalidad; a las instituciones democráticas el derecho a recuperar su memoria, su dignidad.

¿Podremos de una vez por todas reparar tanto desprecio, tanta humillación sin que nadie se sienta agredido?

La actitud del presidente del Consell merece una doble consideración a cuál más significativa de su actual orientación en el manejo de los asuntos públicos de los valencianos. En primer lugar, actúa abiertamente en contra de lo decidido por las Cortes Valencianas a quien debe el máximo respeto. ¿Cómo se puede digerir en un sistema parlamentario semejante desparpajo? La declaración de rebeldía del gobierno al acuerdo del legislativo – sin ningún sonrojo, sin la más mínima explicación- sólo cabe entenderla desde el desprecio profundo por el papel de las Cortes en el entramado institucional que proclama ese estatuto que ahora pretendemos reformar. Ni los rifirrafes continuados en el seno de esa formación conservadora podrían explicar semejante juego de salón que sólo tiene como acreedores a los eternamente vencidos.

Pero, en segundo lugar, pone bien a las claras qué piensa el señor Camps. Su actitud evidencia qué se esconde tras las buenas palabras. Un año ha sido suficiente para saber que no ha habido ni giro al centro, ni respeto a la coherencia de las cuentas públicas, ni impulso valencianista.

El presidente, despreciando al parlamento, se sitúa en el frente del rencor, en la validación de un arrebato ilegal bajo supuestos que nada tienen que ver con la cultura porque en su nombre nadie podrá defender jamás la usurpación ni la recreación de la historia a beneficio de inventario.

¿O quizás cabe interpretar esta concesión como parte del botín del eje de la prosperidad trazado desde Génova y glorificado por Camps?

La insensibilidad para reconocerse en la historia más próxima de la Valencia republicana desmiente cualquier atisbo de nuevo tiempo en la derecha regionalizada.

No le den más vueltas. Todos sabemos lo que pasó –muchos lo sufrieron y aún hoy causa dolor- y ya es hora hace tiempo de devolver la paz a los papeles y a las conciencias.

El reencuentro con la soberbia de Aznar y el recurso a la ignominia de Camps ilustran de manera transparente la respuesta del PP al Congreso socialista que el fin de semana participaba de un espíritu de esperanza, autoexigencia y responsabilidad.

Las magnas asambleas de partidos de tradición democrática – y muy significativamente en el caso del partido socialista – nunca serán una mera referencia de la moderna mercadotecnia electoral al uso y aún en las circunstancias actuales, tras una victoria electoral, no se ha evitado el debate. El botafumeiro cabe dejarlo para aquellos que aún hoy se resisten a admitir la derrota y se lanzan por la pendiente histriónica de la crispación para tapar sus vergüenzas y de paso atascar el progreso de la sociedad valenciana.

Nunca un partido socialista puede estar satisfecho cuando las desigualdades y el sufrimiento están tan presentes entre nosotros. Ni aquí ni en un mundo que tampoco parece que vaya a morirse de éxito. Por tanto, el 36 congreso ha sido un justo reconocimiento al trabajo intenso y adecuado de Rodríguez Zapatero, pero lo más significativo, en mi opinión, ha sido la consolidación de la mirada humilde, la asunción de la temporalidad del poder, la máxima exigencia de compromiso.

Los socorridos análisis tras estos eventos reflejan la pluralidad y los supuestos resultados son interpretados como prólogo para particularizados futuros. En cualquier caso, lecturas legítimas aunque no necesariamente ajustadas a la realidad.

El PSPV ha ido al congreso a aportar no a sacar. El PSPV ha ido a sumar no a dividir. El PSPV ha ido a comprometerse con la nueva etapa del cambio tranquilo y a corresponsabilizarse en un tiempo apasionante.

Las aportaciones valencianas han contado. Desde el apoyo a la reconstrucción de la memoria histórica como regreso a la dignidad, hasta el reforzamiento de la apuesta democrática en la defensa del municipalismo o el federalismo -más allá del debate nominal- como espacios de proximidad, decisión y fiscalización directa de los ciudadanos. También se han aprobado calendarios más avanzados para el 0’7 como justa y urgente reivindicación para la cooperación al desarrollo desde la aceptación de las posiciones valencianas.

Más del 80 por ciento de las enmiendas presentadas por el PSPV han sido asumidas por el Congreso y en aspectos fundamentales para nosotros, como la política social, se han ensanchado fronteras aunque –por qué no decirlo – no tan lejos como pretendíamos.

Cuatro años después ya nada es lo que era. Del partido desorientado, herido y desolado nos hemos reencontrado con la vista situada en la ambición de los ciudadanos de una sociedad avanzada con más justicia, más igualdad, más libertad. La España social, la España plural, la España compartida donde no duela más diferencia que la desigualdad. Y esa España habitaba la calle.

La tarde del sábado la ciudad se vistió de libertad. El cambio no era un vacío argumento retórico y la alegría de reconocerse cada uno como es o como quiere ser, desbordaba los colores y las olas de las grandes avenidas capitalinas. Madrid volvía a respirar. Era la postal del nuevo tiempo fotografiada por los protagonistas, los ciudadanos libres de un país libre.

El PSPV ha aportado ideas y sentimiento. Sin aspavientos pero con el convencimiento de participar de un vuelo sosegado que se sustenta en valores renacidos y que orienta nuevas fronteras.

No siempre es fácil explicar lo obvio, ni reclamarse argamasa antes que disolvente pero el camino es largo y el liderazgo sólido y eficaz para el pueblo valenciano no se consigue en barricadas de conveniencia de estricta obediencia partidaria ni en los juegos florales que de tanto mentar la patria la deshonran día a día.

Comprometidos y corresponsables de la España compartida abrimos ahora nuevos debates para la modernidad de la sociedad valenciana con el único afán de sumar y sumar los justos anhelos de la ciudadanía.

El poder no es de nadie y es cada uno. Los protagonistas vuelven a ser los ciudadanos, que echaron al partido de la mentira y que pondrán siempre en su sitio a quien corresponda.

De entre los avances indudables que han jalonado los años de Constitución, el espacio local democrático ha sido, sin duda, una seña de identidad básica de este periodo. Nuestros pueblos y ciudades salieron del gris urbano, de la falta escandalosa de infraestructuras y servicios con el tesón y las grandes dosis de ilusión de las primeras corporaciones democráticas.

Los ayuntamientos fueron para el franquismo el primer mecanismo de control de un sistema que perseguía la libertad y asfixiaba las capacidades de desarrollo público del país. Desde el principio, tras las elecciones del 79, los alcaldes y concejales impulsaron el cambio profundo de estructuras sociales porque, si importantes han sido las transformaciones urbanísticas, no lo han sido menos las implicaciones de los gobiernos municipales en el reforzamiento del estado del bienestar.

La acción local ha crecido con los días y se ha impuesto una visión de proximidad que garantiza una solución más rápida, cercana y eficaz de los problemas de la sociedad. Sin embargo, no podemos obviar las dificultades y las carencias de todo este proceso de modernización del estado que ha descentralizado y ha creado un nuevo estatus institucional sin resolver la agenda local.

Durante estos 25 años han sido frecuentes las alusiones a la hora de los ayuntamientos

como expresión de la deuda política y financiera con el mundo local que tanto ha aportado a la adhesión democrática de la ciudadanía. Las proclamas, sin embargo, han dado escasos frutos prácticos, siempre lejos de las expectativas generadas por las sucesivas promesas en formas de pactos locales.

El desarrollo institucional del país no puede permitirse el lujo de este aplazamiento sine die del compromiso con los ayuntamientos para afianzar decisivamente el impulso democrático, la capacidad de participación de los ciudadanos, la autonomía local y el principio de subsidiaridad.

El ciclo político liderado por el PP ha sido especialmente frustrante por toda su visión recentralizadora y, sobre todo, incapaz de respetar la lealtad institucional .

Desde lo local se puede cambiar lo global porque los protagonistas son los ciudadanos con nombres y apellidos, con cara y ojos, lejos de las estadísticas frías que tantas veces definen los destinos.

La nueva oportunidad que se nos presenta no admite más dilaciones. Confiar en los ayuntamientos –darles más competencias y más financiación- es confiar en los ciudadanos, en su capacidad para decidir y para equivocarse si llega el caso.

Hace ahora tres años y medio, en un debate de política general, el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se comprometió públicamente a “llegar, en la reforma del Estatuto de Autonomía, hasta donde llegue el PSPV-PSOE, ni un centímetro menos”. Un farol más de quien no tuvo ninguna intención de llegar más allá de una reforma cosmética y que especuló con la posición socialista como supuesto aval de connivencia en el frenazo autonómico.

Han transcurrido tres años y medio. El cambio político en España, la derrota de la política centralista de Aznar y Rajoy, ha permitido albergar un escenario autonómico abierto, de discusión serena sobre la readecuación del estado de las autonomías tras la comprobación empírica del éxito del modelo para la convivencia y para el progreso de España.

Aquí durante meses hemos trabajado pensando que era posible una reforma profunda en el marco de una actualización y relectura del estatuto en términos de avance en el autogobierno y en los derechos de la ciudadanía. Y entonces llegó Rajoy. La noche del jueves el grupo parlamentario del PP vivió la previa y el calendario aprobado por la Junta de portavoces que anticipaba grandes desastres si no se aprobada la toma en consideración de la proposición de ley el 25 de abril, devino en azucarillo disuelto en el agua del silencio sin pena ni gloria.

Durante estos tres años y medio por parte del PSPV-PSOE y también de la dirección federal del PSOE no ha habido dudas. Nunca ha faltado la voluntad clara e inequívoca de hacer justicia y de incrementar los derechos de los valencianos, para que no seamos menos en términos políticos de autogobierno que los catalanes, que los andaluces, que los vascos o que los gallegos, en cuestiones tan claras como otorgar al Presidente la capacidad plena para disolver las Cortes de forma anticipada. De hecho, siendo José Luis Rodríguez Zapatero portavoz de la oposición en abril del 2002 ya asumió respaldar esta reforma. Ahora, al frente del Gobierno, su compromiso sigue firme.

No podemos decir lo mismo del PP, que vuelve a las andadas como cuando el propio Zaplana tuvo que echarse atrás en más de una ocasión ante la imposibilidad de obtener “el permiso de Rajoy” para incrementar los derechos de los valencianos. Desgraciadamente se repite la historia. Rajoy ha limitado las ambiciones de la reforma y la ha subordinado a la estrategia del PP, embarcado en una cruzada contra la España plural que defiende el gobierno de Zapatero.

Sin embargo, y pese a las vicisitudes, los socialistas agotaremos todas las vías para poder llevar a cabo esta reforma. Una reforma que permita impulsar en la Comunitat Valenciana una segunda modernización del mismo espíritu transformador con el que impulsamos el desarrollo de nuestra autonomía y del conjunto de la sociedad valenciana en los años ochenta. Los socialistas aspiramos a un Estatuto que garantice a los valencianos y valencianas más derechos, más libertad, más igualdad, más democracia, más autogobierno, más competencias, más eficacia, más proximidad, más valencianismo y más europeísmo. Por eso, consideramos que esta reforma debe perseguir cinco objetivos básicos.

En primer lugar, apostamos por regular nuevos derechos individuales, nuevos derechos sociales, colectivos y de participación. En segundo lugar, debemos incrementar el papel del Parlamento, y una forma clara de conseguirlo es reduciendo la barrera del 5% de los votos obtenidos para poder estar presente en las Cortes Valencianas.

Asimismo, la facultad plena del Presidente de la Generalitat para disolver las Cortes Valencianas y la ratificación de la reforma del estatuto a través de un referéndum, simboliza el reconocimiento pleno de nacionalidad histórica. Sólo así podremos acabar con la injusticia que supone que esta facultad sí exista en autonomías como Andalucía, Galicia, Catalunya y País Vasco. En cuanto al Poder Judicial, planteamos una adaptación de su estructura a la naturaleza de un Estado compuesto como es el Estado de las Autonomías, y así, dotar de la máxima potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y descentralizar los trabajos de organización y de gobierno del Poder Judicial. Un tercer aspecto básico sobre el que debe girar la reforma del Estatuto es sobre el incremento del nivel competencial con la aplicación del principio de subsidiaredad para mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos.

Entre nuestras demandas, siempre buscando una adecuada financiación para la Generalitat, figura también la asunción de la responsabilidad de la administración de los impuestos propios y cedidos, que con este fin serían confiados a una Agencia Tributaria Valenciana. La situación de nuestras finanzas públicas exige una respuesta estructural.

Un cuarto punto básico radica en reforzar la posición institucional de la Comunidad Valenciana en el conjunto del Estado así como acercar más la administración a los ciudadanos, potenciar el municipalismo dando cumplida efectividad al principio de subsidiariedad.

Por último, los socialistas consideramos necesario reafirmar nuestra identidad como pueblo diferenciado y en este sentido, debemos unificar y valencianizar la denominación de la Comunitat y de sus instituciones; También debemos reconocer el carácter de nacionalidad histórica y hacer mención expresa a los hechos diferenciales: lengua y derecho foral y añadir la exigencia del requisito lingüístico en el acceso a la función pública valenciana, de acuerdo con nuestra Constitución.

En definitiva, reformar el Estatuto es encajar adecuadamente la pieza valenciana en el Estado español y situar a la Comunitat Valenciana donde se merece por historia y por voluntad de sus ciudadanos.

Joaquim Puig, vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas y ponente de la Comisión para una Posible Reforma de Estatuto de Autonomía.