Ximo Puig

La situación acaecida en Llucena ante la negativa de la Generalitat a buscar una solución en los términos similares a otras poblaciones nos propone el urgente debate contra la discriminación.

El PP se arrogó un desarrollo muy particular de la LOGSE, ley con luces y sombras, sin duda pero que no es el principio del mal universal de la eduación en nuestro país como ha sido estigmatizada por la derecha quien –por cierto- sólo al final de un mandato de ocho años cambió en parte con la LOCE.

El sectarismo de la administración educativa dirigida por el gobierno conservador se puso ya bien claramente de manifiesto en la reforma del mapa escolar producida tras las elecciones de 1995 bajo el compás de los criterios partidistas. No hace falta recordar los esfuerzos por sumar alumnos para garantizar nuevas centralidades.

Ahora otra vez el PP no ha pasado la prueba del algodón. Lo que ha sido posible en pueblos con alcalde conservador ha sido imposible en un pueblo con alcalde socialista. Ésa es la única diferencia que se ha tenido en cuenta a la hora de abordar el conflicto de la escolarización de los alumnos de ESO de Llucena. De poco sirve que los dirigentes conservadores hayan aplicado en los últimos tiempos el abrazo del oso a la Constitución cuando se trata de aplicarla en beneficio del interés general. Resulta de una gran indignidad ver ante nuestras narices otra vez lo que es un atributo de estos años largos de gobierno de la Generalitat del PP, el ejercicio del poder desde la visión alicorta del partidismo.

Llueve sobre mojado. Hace unos meses veíamos como el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que condenaba al ejecutivo de la Diputación provincial de Castellón por distribuir arbitrariamente los fondos públicos entre los ayuntamientos. No es una anédota, es un principio de actuación del PP.

La apropiación del gobierno por parte de un partido no es un mal necesario de la democracia. Más bien al contrario. Es una malformación del sistema la expropiación en beneficio propio de un partido, el depósito de confianza de una sociedad que determina la legitimidad del poder en el bien sabido propósito de una gestión garante de los valores que proclama la Constitución.

¿Qué lección han aprendido los jóvenes de Llucena del comportamiento de su Consell?

¿Ése es el sentido de la igualdad, de la equidad de la no discriminación que impregna nuestra carta magna? ¿Qué van a pensar cuando les hablen de los grandes principios en las aulas?.

La enseñanza suminstrada tiene más que ver con el principio autoritario de “la letra con sangre entra” que con los valores democráticos que queremos ver en nuestras escuelas.

Reconforta observar como el presidente Rodríguez Zapatero y su gobierno mantiene el diálogo con todos como una parte esencial de la acción de gobierno más allá de los legítimas pertenencias ideológicas. Aquí el cuento de regeneración democràtica de Camps duró una noche de verano. Cada día nos desayunamos con el resultado de un gobierno atenazado, débil y segregador. Ya se sabe que la medicina que aplican los dirigentes inseguros es siempre el autoritarismo.

Pero ¿qué culpa tienen los niños de Llucena?. ¿Qué mal han hecho los ciudadanos de Llucena?. ¿Votar al alcade que querían?.