Ximo Puig

La decisión positiva del grupo de expertos sobre la devolución de los mal denominados papeles de Salamanca supone ante todo un respiro para la convivencia y el sentido común.

La recuperación de la memoria histórica debe llevar aparejado el restablecimiento en lo posible –poco desgraciadamente- de la dignidad de los derrotados, de los vejados por la dictadura. No se trata de mirar atrás con ira, ni tan siquiera pedir responsabilidades por tanto olvido, todo eso forma parte de las decisiones de una transición que sólo quiso mirar hacia el futuro. Pero ahora sí va siendo el momento de poner en la historia de cada uno y de todos, las cosas en su sitio.

Cuando se habla del Archivo de Salamanca y de su supuesta unidad como un hecho cultural indiscutible, la realidad nos descubre que el citado contenedor está formado por los miles de documentos sustraídos en nuestros pueblos y ciudades a sus legítimos propietarios para una campaña enorme de represión con consecuencias terribles.

Allí ha permanecido amontonada en legajos parte de la documentación sustraída y almacenada en primera instancia en sendos locales de Vinaròs y Castelló por la DERD, el instituto parapolicial del aparato franquista para la limpieza ideológica. Otra parte, más importante incluso desde del punto de vista archivístico pero que no podía ser aprovechada para la investigación criminal, acabó convertida en pasta de papel en tiempos de escasez y rapiña.

Allí se encuentran las plasmaciones escritas de los ateneos republicanos de Castellón y las actas de las agrupaciones de UGT de L´Alcora y Onda y las fotografías hurtadas de una esperanza truncada. Y miles de papeles que nacieron en esta tierra para construir un sueño.

La legítima petición de la Generalitat de Catalunya y de la sociedad catalana de la documentación de la institución autonómica, ha derivado en un conflicto demagógico propiciado por algunas autoridades de Castilla-León que se han instalado en el discurso nacionalista e, incluso, por momentos nacional. Y con tanto ruido se ha nublado la propia esencia de la discusión y el alcance que va mucho más lejos de la reclamación catalana.

Los papeles valencianos almacenados en Salamanca procedentes del expolio hablan de las cooperativas, de los ateneos, de las organizaciones anarquistas, de los partidos republicanos y de comunicaciones estrictamente privadas requisadas para acechar a personas que verían como por estar registrado en una de esas múltiples fichas, su vida quedaba en manos de los dueños de la posguerra.

Las Cortes valencianas aprobaron por unanimidad la devolución. Sin embargo, días después el presidente Camps desconociendo la más elemental de las reglas democráticas, afirmó que no iba a cumplir la petición del parlamento.

¿Alguien de una manera decente puede defender el derecho de conquista una vez restablecida la democracia?

La derecha ha tardado más de 60 años en condenar con la boca pequeña el golpe de estado del 18 de julio y ahora, de una manera incomprensible, se niega a cerrar las heridas profundas de tanta desesperanza.

Los documentos deben volver a sus legítimos propietarios y a los legítimos herederos de ambiciones colectivas. Y recuperar juntos la memoria histórica para jamás recaer en los mismos errores.