Ximo Puig

Esta semana el Senado aprobará definitivamente la reforma del Estatuto valenciano producto del consenso entre el PP y el partido socialista. Resulta esperanzador en tiempo de profundos desencuentros un acuerdo para desarrollar y profundizar el autogobierno de los valencianos. Lo mejor del estatuto es la voluntad de convivencia sin exclusiones, la culminación de la equiparación como nacionalidad histórica y la apuesta social.

En su paso por el Congreso de los Diputados el PSPV consiguió sacar del texto la barrera de acceso a las Cortes que queda sujeta a la ley electoral que necesariamente deberá ser pactada en los próximos meses.

En términos democráticos, sin duda, sería deseable que las Cortes reflejaran toda la pluralidad que existe en este país y no se dejara sin representación a más de 100.000 valencianos. No se puede entender la cerrazón del partido popular en esta cuestión más allá de una apreciación sólo anclada en intereses partidistas y también en la concepción actual de la dirección nacional de los conservadores que confían sólo y exclusivamente en mayorías absolutas para gobernar.

La pluralidad es un valor inalienable de la vida democrática. No es ni un mal necesario ni un freno a la eficacia. Sociedades complejas exigen respuestas que atiendan la complejidad y los parlamentos representativos aumentan su calidad siendo un espejo más fiel de la realidad.

El partido socialista ha planteado en todo momento del proceso negociador esta cuestión pero la mayoría absoluta del PP en esta Comunitat lo ha impedido. Sería muy deseable una rectificación del PP en la ley electoral pero no caben demasiados datos que avalen este cambio racional y positivo para la ciudadanía.

En cualquier caso, este déficit no puede significar una descalificación global del nuevo estatuto que aporta más autogobierno para los valencianos y más capacidad para mejorar esta sociedad.

Sin embargo, el desarrollo del estatuto dependerá de quien gobierne y, por tanto, de quien marque las prioridades. Ésa es la regla de cualquier norma constitucional que ha de garantizar la alternancia y debe permitir distintas visiones en un mismo espacio institucional.

En mi opinión sólo un gobierno progresista de la Generalitat exprimirá todas las capacidades de autogobierno y sobre todo pondrá en marcha la ambiciosa agenda social del estatuto.

La oposición aquí ha demostrado que es capaz de poner por delante los intereses generales de los valencianos en detrimento de una posición exclusivamente partidaria. Precisamente una actitud diametralmente opuesta a la que mantiene la oposición en el parlamento español regocijada en la trinchera de la descalificación y reacia a cualquier acuerdo beneficioso para España.

La máxima expresión de ese guión, la interpreta el diputado por Valencia Martínez Pujalte, un señor que expone su amplio recetario de insultos cada sesión plenaria y que esta semana superándose a sí mismo interrumpió al presidente de gobierno mandándole a acompañar a su abuelo.

El abuelo del presidente fue un militar de la República española asesinado en aquellos terribles y desgraciados días.

Produce vergüenza y tristeza esa representación popular de Valencia.

El valor de la convivencia, a pesar del diputado Martínez Pujalte, debe presidir nuestra hoja de ruta y las cesiones en su nombre son síntoma de fortaleza. La debilidad es el insulto.