Ximo Puig

Dicen los comentaristas deportivos que el mejor árbitro es aquel que pasa desapercibido. En el fondo, todos quienes administran la justicia deberían permanecer en el ámbito de una eficacia que serena y discretamente atendiera el control cotidiano de las reglas de convivencia.

La crónica de los hechos, sin embargo, nos aleja demasiadas veces de ese guión. El caso Mari Luz, la niña asesinada por un pederasta ha vuelto a poner los focos en el funcionamiento del servicio público de la justicia. Cuando se producen situaciones dramáticas aparecen voces pidiendo el endurecimiento de las leyes y todos los actores de dentro y fuera del procedimiento miran hacia el otro lado buscando culpabilidades ajenas en un ejercicio de confusión que al final parece destinado al suburbio de lo incontestable.

El delito cometido nos produce indignación, rabia y una escala de sentimientos que no permiten objetividad alguna en un proceso donde cualquier presunto culpable cuenta con la salvaguarda de la presunción de inocencia. En este caso, parece que el problema está más en la gestión que en el marco del Código Penal.

Por la memoria de la víctima y por esa familia definitivamente herida, lo primero es llegar hasta el final en la investigación de los errores cometidos y si, finalmente, se confirma la indolencia del juez, el Consejo General del Poder Judicial debe tomar las decisiones pertinentes en función de la gravedad de la pasiva inacción.

Esa actuación disciplinaria la debe tomar una alta institución del estado que hace varios años debería haber sido renovada y que el PP ha conseguido boicotear a beneficio de inventario. El poder de los jueces –con la legitimidad cuestionada- llevó a cabo una investigación que al parecer no detectó ningún resquicio de problema por lo que la encuesta de fallos en cadena también deberá llegar a la cúpula de la justicia.

Una situación que se repite cansinamente en el Tribunal Constitucional, sometido al bloqueo por parte de los conservadores que urdieron distintas maniobras para conseguir sentencias más acordes con su dirección política que en la lectura de la Constitución.

Hoy se constituyen el Congreso de los Diputados y el Senado surgidos de la convocatoria electoral. En los primeros pasos de la legislatura, la puesta al día de la justicia es una auténtica urgencia.

No me refiero simplemente al cumplimiento constitucional en la renovación de los pilares institucionales que sostienen el estado de derecho. Esto es una obviedad que los grupos parlamentarios deben sustanciar más pronto que tarde para no dejar en evidencia al sistema. Pero además es tiempo ya de dotar al servicio público de la justicia de una calidad y eficacia que no permita fallos trágicos de los que arrepentirse.

Sentencias que no llegan nunca, procesos que se dilatan hasta el infinito, cambios incesantes de jueces y fiscales adornan un recorrido tantos días angustiosos para los justiciables.
La agenda de la legislatura viene cargada de economía pero también la administración de la justicia merece un sentido esfuerzo para fortalecer la convivencia.

Y -ya saben- la convivencia es siempre la prioridad porque como el arbitraje cuando menos se notan sus conflictos, mejor para todos.

Sin justicia, no hay convivencia.

Buena semana.