Ximo Puig

Entre la resaca de unos días de vacaciones que aún van a prolongar los estudiantes y algunos afortunados, la buena noticia de la desaceleración de los accidentes mortales de tráfico -siempre serán demasiados- nos alumbra este martes con pinta de lunes.
Este día extraño por la trayectoria vacacional de las Cortes Valencianas, ha sido elegido para celebrar un pleno que llevará a la cámara alta al exalcalde de Borriana, Alfonso Ferrada en sustitución de Andrea Fabra.
Todos los datos apuntan en la dirección que ha sido la agenda judicial que compromete a Ferrada la que precipitado esta reunión extraordinaria que el PP ha impuesto para hoy.

La circunstancia sólo vuelve a reafirmar la utilización partidaria del señor Camps del parlamento valenciano que interrumpió supuestamente sus sesiones por las Fallas pero que no tuvo inconveniente en reunir a su grupo para orientarles en la nueva cruzada de los conservadores valencianos contra el gobierno aún no constituido de Zapatero. La lectura que hace el PP de los resultados electorales parece que va a dotar de mayor arrogancia la instrumentalización de las instituciones a favor de su partido.

El caso de hoy es, sin duda, más grave. El PP, lejos de cómo mínimo poner en cuarentena a sus imputados, les defiende, les ensalza hacia las alturas y además les dota de escudo protector.

Durante estos días de análisis postelectorales algunos han subrayado el nulo coste que tiene para el PP el rosario de escándalos de corrupción que le jalonan a lo largo de la Comunitat y muy especialmente en esta provincia.

Frente a esta evidencia son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Sin embargo me resisto a pensar que los ciudadanos son inermes a la corrupción.
Por razones éticas y absolutamente democráticas, la superación de los episodios de corrupción no pueden ser soslayados como males habituales porque de lo contrario la metástasis afectaría a los órganos vitales del sistema.

El comportamiento de los políticos que abusan de su posición de poder en beneficio personal debe obtener su castigo político más allá de las responsabilidades judiciales que en su caso se verifiquen por los tribunales. Para ello, la justicia debe cambiar el ritmo y poner los medios necesarios para que la ciudadanía no interprete la lentitud extrema en algunos procedimientos como un nuevo trato de favor a los poderosos.

Y en el campo de la política ningún partido decente puede apoyar a sus corruptos y la oposición jamás puede abdicar de su obligación constitucional de fiscalizar y perseguir con la fuerza de los argumentos la violación de la confianza del pueblo soberano para la legítima representación.

Cualquier mirada hacia el otro lado compromete a toda la sociedad y el sufragio cuatrienal nunca absuelve ni la prevaricación, ni el tráfico de influencias, ni el abuso contra la administración pública, ni los delitos contra la salud de la ciudadanía.

Frente a la oscuridad, más transparencia. Frente a la pasividad, mayor energía en defensa del bien común. Frente a la tibieza, más rigor que nunca para atajar el peor cáncer de la democracia.

Cuando uno se cree demasiado fuerte en el poder, el riesgo del despotismo crece proporcionalmente.

Camps hoy lo evidencia.

Buena semana.